La carrera por la rectoría de la Universidad Veracruzana ha despertado toda
suerte de pasiones y sobre todo de intereses por hacerse del control de la
principal institución de educación superior del estado.
Tanto en el aspecto formativo como en el presupuestario, llevar las riendas de una
universidad como la Veracruzana resulta sumamente atractivo para los diversos
grupos de poder que, más allá de las tareas educativas que le son sustantivas,
ven a la institución como un botín del que hay que adueñarse.
Por esa razón, junto con los académicos que sí forman parte de la comunidad
universitaria y le han dedicado gran parte de su vida a la institución en la que se
formaron como profesionales, surgen de la nada advenedizos que se apuntan
para la rectoría sin merecimiento alguno, más que el de servir a los intereses del
régimen en turno, prestándose a fungir como arietes cuyo encargo es someter a la
institución y pasar por encima de su autonomía.
Es claramente el papel que juega el todavía consejero del Instituto Nacional
Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, un nada velado aliado del régimen de la mal
llamada “cuarta transformación” en el organismo electoral, donde siempre votó en
contra de cualquier resolutivo que implicara ya no digamos una sanción, sino ni
siquiera el mínimo llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a respetar
la legalidad, misma que pisoteó impunemente durante todo el periodo de
campañas.
Como se normalizó violar la ley, ahora el consejero busca que sus “servicios” le
sean “retribuidos” y sin que haya concluido todavía el proceso electoral en el que
forma parte de la autoridad responsable, Ruiz Saldaña ya está en campaña
abierta por la rectoría de la UV.
Para ello, dispone de recursos para aparecer en espacios de medios, mantener
oficinas en la capital de Veracruz y hasta financiar “trols” y “bots” en redes sociales
que lo defiendan de las críticas y acosen a quien le recuerde que no forma parte
de la comunidad académica –su único vínculo es haber estudiado la licenciatura-,
lo cual de entrada lo inhabilita para ocupar el cargo, y que sus credenciales
morales no son precisamente las mejores, pues fue denunciado por acoso sexual
por una ex asesora del propio INE desde 2015. Mucho antes de que hubiese
podido considerar siquiera la posibilidad de ser impuesto en la UV.
Sin embargo, el fondo del problema no es en realidad que un personaje sin
merecimientos intente llegar a ser rector, pues en condiciones de normalidad sería
descartado de inmediato, en este caso, por la Junta de Gobierno. El verdadero
tema es el de la autonomía de las instituciones públicas de educación superior,
que está siendo atacada desde diferentes frentes pero bajo un hilo conductor: el
interés del actual régimen por controlarlo todo. Incluida la manera de pensar.
El solo hecho de que se admitiese la candidatura de alguien que no cubre los
requisitos básicos que establece la propia Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana para ser su máxima autoridad pondría en severo riesgo esa
autonomía para dotarse de gobierno propio. Situación que, valga decir, no es
privativa solo de la UV.
No es casualidad que este fin de semana, rectores de algunas de las principales
universidades públicas del país se reunieran en un conversatorio virtual para
hablar precisamente de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y
de los riesgos que enfrenta.
La propia rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, cuyo
periodo al frente de la casa de estudios concluirá en agosto, destacó que “cada
vez que hay cambio de autoridades universitarias, hay muchos intereses externos
que intentan hacer presión sobre los colegiados a quienes corresponde esta
importantísima decisión y los universitarios debemos estar siempre alertas”.
Y en ese mismo sentido, el rector de la UNAM, Enrique Graue, puntualizó que
eventualmente aparecen intereses ajenos que buscan influir en las universidades
“con dogmas o ideologías enmascaradas que tienen propósitos distintos a
aquellos de los universitarios”.
Algo sabrán de lo que están hablando.
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